29 Jul El Gobierno trata de acabar con la especulación en los proyectos de energía renovable
Transición Ecológica obliga a los promotores a avanzar las tramitaciones o les retirará las autorizaciones
El Gobierno pretende aclarar el panorama de solicitudes de proyectos de energías renovables en España y depurar aquellos que considera especulativos porque, pese a solicitar los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, no han avanzado en las tramitaciones legales. El Ministerio de Transición Ecológica señala que un 60% de los 430.000 megavatios (MW) en proceso de solicitud no han evolucionado, por lo que se entiende que en muchos casos los promotores de esos proyectos están esperando a venderlos a inversores interesados en desarrollarlos y conseguir así beneficios de la simple demanda de autorización. “Queremos poner freno a los proyectos especulativos”, ha dicho Teresa Ribera, titular de Energía tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
Transición Ecológica cree que esa alta demanda de autorizaciones en realidad se está convirtiendo en un cuello de botella tanto para la planificación de redes como para la puesta en marcha de los proyectos cuyos promotores sí tienen pretensiones de llevarlos a cabo. El Plan de Energía y Clima estima que en la próxima década se instalen en torno a 60.000 MW, lo que supondría una inversión de 90.000 millones de euros y la generación de hasta 135.000 empleos.
Para evitar dudas sobre los proyectos en marcha, Transición Ecológica ha decidido habilitar una vía de salida a aquellos proyectos que puedan ser especulativos sin tener que ejecutar las garantías que hay que presentar en cada petición de autorización. Conforme a un real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, los titulares de esas autorizaciones tendrán un plazo de tres meses para renunciar a ellas, lo que permitiría la devolución de las garantías. De lo contrario, esas empresas entrarán en un calendario de obligatorio cumplimiento para conseguir los hitos administrativos marcados por el Ministerio, desde la obtención de la declaración de impacto ambiental a las licencias de obras, durante un periodo máximo de cinco años. De no asumir esos objetivos, las garantías serán ejecutadas y los promotores del parque perderán igualmente sus licencias.